El Procedimiento Administrativo

Recientemente, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP, ha iniciado Procedimientos Administrativos Sancionatorios a muchos de nuestros afiliados por supuestas faltas cometidas en la prestación de su servicio. Algunos de estos se han originado en desabastecimientos temporales, en deficiencias en la calidad de los hidrocarburos, en presencia de sedimentos o agua, en diferencias de temperatura, o por colores ajenos a los propios de cada combustible.

Una vez iniciado este procedimiento, pretende la ARESEP demostrar la supuesta falta cometida, y sancionar al empresario con una multa que va de 5 a 20 salarios base, lo que equivale, al día de hoy, a un monto que oscila entre los ¢2,017,000.oo y los ¢8,068,000.oo millones de colones. Por esta razón, debemos tener claro no solo qué significa este tipo de procesos y cómo funcionan, sino las garantías que nos otorga nuestra Ley, así como las actuaciones que debemos realizar en procura y defensa de nuestros intereses.

El Procedimiento Administrativo es el conjunto de actos preparatorios concatenados según un orden cronológico y funcional, que pretende verificar la existencia de la necesidad pública a satisfacer, según los hechos que la crea; a su vez, es el momento donde se escucha a los posibles afectados, tanto públicos como privados, con el fin de conformar la decisión en la forma que mejor armonice con el fin público a cumplir. En otras palabras, es un procedimiento en el cual la Administración realiza una serie de actos tendientes a demostrar y corroborar los hechos que se pretendan investigar, dando sustento y soporte a su decisión final y a la posible sanción.

Dentro de este procedimiento, se deben aplicar una gran cantidad de principios y otorgar varios derechos, dentro de los que se encuentra el “Derecho de Defensa”. Este derecho es de arraigo constitucional y se encuentra garantizado en el artículo 39 de la Constitución Política. Con base en éste, la Administración deberá de cumplir con una serie de formalidades de carácter obligatorias, que de no hacerlas, podrían generar un vicio de nulidad que puede incluso hacer que se deba archivar el procedimiento. Algunas de estas formalidades son: i-notificar al interesado de la forma en que indica la Ley, ii- brindar el derecho a ser oído y presentar argumentos; iii- otorgar la oportunidad para preparar alegatos; iv- brindar el derecho de hacerse representar y asesorar por un abogado; v- notificar adecuadamente la resolución final; y vi- brindar el derecho a recurrir su decisión. A su vez, cada uno de los documentos debe contar con muchas más formalidades técnicas en apego al principio de legalidad.

Ahora bien, estos deberes mínimos con los que cuenta la Administración Pública, vienen aparejados intrínsecamente con una serie de obligaciones que le asisten al investigado, ya que es éste el llamado a hacerlos efectivos, ejerciendo para ello, una adecuada actuación dentro del procedimiento. Así las cosas, una vez otorgada la posibilidad de ejercer su defensa, le corresponde a cada parte desplegarla de una manera ordenada y técnica, lo que no significa solamente presentar documentos y argumentos en su favor, sino que a través de un buen especialista en procedimientos administrativos, el empresario deberá planificar bien su estrategia de defensa, podrá hacerse escuchar, podrá presentar de forma coherente y jurídica sus alegatos, y sobre todo, podrá presentar en tiempo y forma los recursos pertinentes que quepan dentro del procedimiento según la etapa en la que se encuentre.

Por esta razón es indispensable que cada empresario cuente con una adecuada representación técnica, ya que es a través de ésta, que podrá ejercer los derechos que le otorga la ley.

El tiempo es vital en este tipo de procedimientos, por lo que se recomienda acudir a la representación letrada en forma oportuna y no dejar pasar el tiempo, su pena de perder plazos y perder la posibilidad de garantizarse un procedimiento balanceado y justo. De igual forma, la estrategia que se plantee inicialmente, será medular en el camino a seguir durante el proceso, por lo que es necesaria una buena planificación de quien le represente.

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